Mexicali, Baja California.— Un nuevo caso ocurrido en la capital cachanilla sirve para explicar qué sucede jurídicamente cuando una persona es detenida por presuntamente causar daños intencionales al vehículo de otra persona, particularmente cuando existe una relación o expareja de por medio.
De acuerdo con la información disponible sobre el caso, una mujer que ejerce como nutrióloga en Mexicali habría sido detenida después de presuntamente atacar a su el carro de su ex pareja y ocasionar daños a un vehículo relacionado con ésta.
Más allá del conflicto personal que habría originado los hechos, la pregunta importante desde el punto de vista penal es: ¿qué puede pasar después de la detención y realmente tendría que permanecer en prisión?
Aquí te explicamos el panorama de manera sencilla, porque entre el calorón de Mexicali y las versiones que empiezan a circular en redes sociales, es fácil que un problema legal termine todavía más enredado.
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¿De qué delito estamos hablando?
En principio, los hechos podrían ser investigados como daño en propiedad ajena intencional, siempre que se acredite que una persona deliberadamente dañó un bien que pertenece a otra.
No basta con demostrar que existe un vehículo dañado. La Fiscalía deberá establecer, entre otras cuestiones, quién ocasionó el daño, que éste fue intencional, cuál fue el monto del perjuicio y quién es jurídicamente el propietario o la persona legitimada respecto del vehículo.
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Además, la detención no significa automáticamente que la persona sea culpable. La responsabilidad penal tendrá que determinarse conforme avance el procedimiento y con respeto a la presunción de inocencia.
Primer escenario: podría recuperar su libertad desde el Ministerio Público
Después de una detención, el Ministerio Público cuenta, como regla general, con un plazo constitucional máximo de 48 horas para determinar la situación jurídica de la persona detenida.
Pero esto no quiere decir que necesariamente deba permanecer las 48 horas encerrada.
El artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite al Ministerio Público disponer la libertad del imputado durante la investigación inicial cuando se cumplen las condiciones previstas por la propia legislación y no existe necesidad de mantener la detención hasta llevarlo ante un juez.
Aquí adquiere especial importancia el trabajo de la defensa.
El abogado puede aportar información para demostrar que la persona cuenta con arraigo en Mexicali, domicilio conocido, trabajo o actividad profesional, vínculos familiares y sociales y, en general, condiciones que permitan sostener que comparecerá al procedimiento y que su libertad no representa un riesgo procesal que justifique mantenerla detenida.
Por ejemplo, ejercer una profesión y contar con domicilio y actividad permanente en la ciudad pueden ser datos útiles para analizar el arraigo, aunque por sí solos no garantizan la liberación.
Dicho en cachanilla: no por haber sido detenida significa que automáticamente se va a quedar en la cárcel.
En el canal de Justicia Transparente se explica el protocolo de las primeras 48 horas ante el Ministerio Público:
Segundo escenario: llevarla ante un juez de control
Si el Ministerio Público considera que debe judicializar el asunto mientras la persona continúa detenida, será presentada ante un juez de control para la celebración de la audiencia inicial.
En esa audiencia pueden discutirse distintas cuestiones: la legalidad de la detención, la formulación de imputación, la posible vinculación a proceso y, en su caso, las medidas cautelares.
La Fiscalía tendrá que exponer los antecedentes y datos de prueba con los que pretenda sostener que ocurrió un hecho que la ley señala como delito y que existe probabilidad de que la imputada participó en él.
Aquí hay algo que suele generar confusión: vinculación a proceso no significa prisión automática.
Son cuestiones jurídicas distintas.
¿Podría llevar su proceso en libertad?
En un asunto de estas características, y partiendo únicamente de los hechos conocidos hasta ahora, no se advierte que la prisión preventiva deba operar automáticamente por el solo delito de daño en propiedad ajena.
Si el caso llega ante un juez, deberá analizarse qué medida cautelar resulta realmente necesaria y proporcional conforme a las circunstancias concretas.
Una alternativa especialmente relevante podría ser una prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, particularmente si existe un conflicto previo entre exparejas. También pueden existir otras medidas cautelares dependiendo de los riesgos que la Fiscalía logre acreditar.
Por ello, aun suponiendo que un juez decidiera vincularla a proceso, eso no significa necesariamente que tenga que permanecer en prisión durante todo el procedimiento.
La finalidad de las medidas cautelares no es adelantar un castigo. Su objetivo es proteger el desarrollo del proceso, la comparecencia del imputado y, cuando corresponda, la seguridad de la víctima.
Tercer escenario: reparación del daño y posible perdón
Otro punto especialmente importante es determinar la forma de persecución del delito aplicable al caso concreto y quién se encuentra legitimado como víctima u ofendido respecto del vehículo.
Si conforme a la clasificación jurídica y circunstancias específicas el delito es perseguible por querella y legalmente procede el perdón, la voluntad de la persona legitimada puede tener consecuencias muy importantes para la continuación del procedimiento.
Aquí aparece una pregunta aparentemente sencilla, pero jurídicamente fundamental:
¿De quién es el carro?
No necesariamente basta con afirmar que el automóvil pertenece a la expareja. Hay que revisar la documentación correspondiente.
Supongamos que el vehículo que presuntamente fue dañado lo utiliza el exnovio, pero jurídicamente aparece a nombre de su padre, madre, empresa o de un tercero. La defensa y el Ministerio Público tendrán que determinar quién tiene la calidad jurídica necesaria respecto del bien y, por tanto, quién puede intervenir válidamente en una eventual reparación, acuerdo o perdón cuando éste resulte legalmente procedente.
También puede explorarse la reparación del daño, es decir, cubrir el costo de los desperfectos ocasionados al vehículo. Dependiendo de la clasificación jurídica definitiva y de las condiciones del expediente, esto puede abrir la puerta a mecanismos que permitan solucionar el conflicto sin llevar necesariamente el asunto hasta un juicio.
Un pleito de pareja puede terminar convertido en un problema penal
Este caso deja una lección importante para Mexicali: los conflictos entre parejas o exparejas pueden escalar rápidamente.
Romper un vidrio, rayar un automóvil, golpearlo o provocar deliberadamente cualquier otro desperfecto puede parecer, en el calor del momento, un asunto personal. Sin embargo, cuando se daña intencionalmente un bien ajeno, la controversia puede pasar de una discusión privada a una carpeta de investigación penal, una detención e incluso una audiencia frente a un juez de control.
De igual manera, cuando existen antecedentes de confrontaciones entre las mismas personas, resulta todavía más importante evitar cualquier contacto que pueda producir nuevos hechos potencialmente delictivos.
¿Qué sigue en este caso?
Con la información conocida hasta el momento, existen tres rutas principales: que el Ministerio Público determine que puede continuar su investigación con la imputada en libertad; que sea presentada ante un juez de control y enfrente el proceso bajo alguna medida cautelar distinta a la prisión; o que, si jurídicamente resulta procedente, la controversia pueda solucionarse mediante reparación del daño y los mecanismos legales derivados de la voluntad de la víctima.
Lo fundamental será conocer la carpeta de investigación, el monto y características de los daños, los antecedentes entre las partes, la situación jurídica de la primera detención y, sobre todo, quién acredita la propiedad o legitimación respecto del vehículo afectado.
Por ahora, la detención es solamente el inicio del procedimiento. No constituye una declaración de culpabilidad, y corresponderá al Ministerio Público y, en su caso, al juez de control determinar cómo continúa el asunto.
Preguntas frecuentes
¿El Ministerio Público puede disponer su libertad durante la investigación inicial?
El artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite al Ministerio Público disponer la libertad del imputado durante la investigación inicial cuando se cumplen las condiciones previstas y no existe necesidad de mantener la detención hasta llevarlo ante un juez. El plazo máximo de 48 horas no significa que deba permanecer encerrada todo ese tiempo.
¿La prisión preventiva es automática por daño en propiedad ajena?
Con los hechos conocidos hasta ahora, no se advierte que la prisión preventiva deba operar automáticamente por el solo delito de daño en propiedad ajena. Si el caso llega ante un juez, debe analizarse qué medida cautelar es necesaria y proporcional. La vinculación a proceso no significa prisión automática.
¿Una segunda detención equivale a una condena?
No. Decir que una persona ha sido detenida dos veces no equivale a decir que ha sido condenada dos veces. Para saber si la detención anterior afecta este procedimiento habría que conocer qué sucedió en el asunto previo.
¿Quién puede intervenir en la reparación o el perdón respecto del vehículo?
No basta con afirmar que el automóvil pertenece a la expareja. Hay que revisar la documentación y determinar quién tiene la calidad jurídica respecto del bien y, por tanto, quién puede intervenir en una reparación, acuerdo o perdón cuando resulte legalmente procedente.
Nota: Este artículo tiene fines informativos y de divulgación jurídica. Se parte de información preliminar sobre un caso en desarrollo. Toda persona debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
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Germán Jalil Terríquez Córdova
Conocido como el “Licenciado Transparente”, fundó Justicia Transparente, convirtiéndola en una firma de referencia nacional por sus resultados y liderazgo. Autor de cuatro libros demostrando que en esta materia la experiencia y la estrategia marcan la diferencia.