En México cada día se comete un fraude. Tal vez escuches la palabra ¨fraude¨ y en lo primero que pensamos es en un familiar, en un amigo, conocido al que le hicieron una mala jugada con dinero.
Hay diversos tipos de fraudes que se pueden realizar: por internet, por teléfono, en tarjetas de crédito o débito, compra-ventas y, la que más se presenta en estos días, a través de redes sociales.
Este delito se entiende como aquel en que el sujeto activo engañando a uno o aprovechándose del error en que este se halla se hace ilícitamente de una cosa o alcanza algún lucro indebido.
Existen muchas vertientes en las cuales se puede dar el delito de fraude, todos los supuestos se encuentran dentro del artículo 387 del Código Penal Federal. Así mismo, en su artículo 389 nos menciona que el fraude se equipara cuando el ilícito lo haya realizado al que se valga de un cargo de gobierno, una empresa descentralizada o participación estatal, cualquier agrupación sindical, o de sus relaciones con funcionarios dentro de dichos organismos.
Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública, en 2016 cada 7.8 segundos se cometía un fraude en nuestro país. Se cometieron un total de 31.10 millones de delitos durante el 2016, los cuales 3.91 millones fueron fraudes. Lo que lo colocaba en el cuarto delito más cometido en nuestro país.
¿Crees que puedes tener una orden de aprehensión en tu contra? ¿Fui denunciado por un delito? ¿Qué hacer si me llego un citatorio del fiscal o del ministerio público? ¿Qué hacer si está detenido tu familiar o ser querido?
Si estas en una de estas situaciones podemos ayudarte.
Durante el 2018, la ENVIPE señala que sólo se denunció el 10.6% total de los delitos cometidos, lo que equivale a que la cifra negra a nivel nacional en el 2018 fue de 93.2%. Es decir que en México, por cada 100,000 habitantes, 28,269 personas representan ser víctimas de algún delito.
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Una de las principales razones por las cuales las personas no denuncian este tipo de delitos es porque consideran que 1) será una pérdida de tiempo, 2) se genera un gasto mayor al de lo perdido y además 3) no se tiene confianza en las autoridades.
Como vemos, la tasa de cifra negra en nuestro país cada vez va más a la alza. Esta situación no debería de ocurrir, por lo que en este blog vamos a señalar cuál es el procedimiento que debe llevarse a cabo ante la autoridad ministerial en caso de que seas víctima de un delito de fraude.
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Una vez que tengamos conocimiento del hecho ilícito, lo primero que debemos hacer es acudir a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en el que nos ubiquemos para presentar nuestra formal denuncia de fraude. El agente del Ministerio Público nos tomará nuestra declaración y abrirá una carpeta de investigación a la cual le asignará un número único de caso. Es aquí donde comienza el plazo de investigación.
En este punto del proceso, nosotros podemos coadyuvar con el Ministerio Público, por sí o a través de nuestros asesor jurídico, a reunir todo dato de prueba que sea pertinente para efectos de que se integren a la carpeta de investigación y así, tener elementos suficientes para poder vincular a proceso a quien resulte responsable.
Los datos de prueba pueden ir desde facturas del monto de lo defraudado, papeles, títulos, incluso mensajes de texto, correos electrónicos, mensajes a través de redes sociales etc. Esto ayudará al Ministerio Público a tener una mejor percepción de los hechos y así poder asegurar a nuestro favor el caso.
Una vez que se tenga una carpeta de investigación debidamente reunida y sólida, la autoridad ministerial solicitará al Juez a que se celebre audiencia de vinculación a proceso para que asigne la fecha de celebración de audiencia.
En audiencia, quien funja como nuestro asesor jurídico, o ya sea que seamos nosotros los que coadyuvamos con el Ministerio Público en la investigación, será importante que mencionemos el monto de reparación del daño a través de documentos comprobables que indiquen el monto de lo defraudado, pues cualquier petición en favor de la víctima deberá estar debidamente fundado y motivado. Así pues, habremos de salvaguardar nuestros derechos como víctimas y a que se nos otorgue una reparación del daño integral.