¿Cómo se divide el artículo 20 constitucional?
El artículo 20 es la columna vertebral constitucional del proceso penal acusatorio. Establece que el proceso será acusatorio y oral y se regirá por principios como publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Su contenido se organiza en tres grandes apartados: principios generales, derechos de toda persona imputada y derechos de la víctima u ofendido.
Comprender esta estructura permite ubicar mejor cada problema procesal. Una cuestión sobre prueba puede involucrar contradicción e inmediación; un problema de entrevista con defensor se relaciona con defensa adecuada; y una negativa de acceso o participación de la víctima puede activar derechos del apartado correspondiente.
En el canal de Justicia Transparente hay una explicación relacionada con este tema:
Principios generales del proceso acusatorio
El sistema acusatorio separa funciones de investigar, acusar y juzgar. La audiencia debe permitir que las partes conozcan y controviertan los argumentos y elementos presentados por la contraparte. La inmediación exige presencia judicial en los actos esenciales de audiencia, y la concentración y continuidad buscan que el debate no se fragmente injustificadamente.
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Estos principios no son etiquetas decorativas. Sirven para evaluar prácticas concretas: incorporación de información sin contradicción, sustitución indebida de la presencia judicial o decisiones sustentadas en material que no corresponde al estándar de la etapa.
Derechos de la persona imputada
Entre los derechos constitucionales del imputado destacan la presunción de inocencia, guardar silencio, conocer los hechos que se le atribuyen, contar con defensa adecuada, ofrecer información y pruebas en los términos legales, ser juzgado en audiencia pública salvo excepciones y acceder a los registros necesarios para su defensa conforme a las reglas aplicables.
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El derecho a no autoincriminarse significa que el silencio no puede transformarse por sí mismo en evidencia de culpabilidad. La defensa adecuada exige asistencia técnica real, no una presencia meramente formal del abogado.
Derechos de la víctima u ofendido
El artículo 20 también reconoce derechos de la víctima, entre ellos recibir asesoría jurídica, coadyuvar, aportar datos, recibir atención y protección en los casos aplicables, solicitar reparación del daño e impugnar determinadas omisiones o decisiones del Ministerio Público conforme a la ley.
En el sistema acusatorio, la víctima no es una observadora pasiva. Su participación debe articularse mediante asesoría jurídica y dentro de las reglas que preservan simultáneamente los derechos de defensa y el debido proceso.
Prueba, contradicción e inmediación
El artículo 20 distingue entre información de investigación y prueba para sentencia. Como regla, la prueba que sustenta una condena debe producirse bajo las condiciones del juicio y con posibilidad de contradicción, salvo las excepciones constitucionales y legales como la prueba anticipada.
Esta distinción explica por qué una entrevista en carpeta no equivale automáticamente a un testimonio desahogado en juicio. Los registros pueden cumplir funciones en etapas previas, pero la condena exige el estándar y la prueba correspondientes.
Prisión preventiva y plazo constitucional
El apartado B contiene una regla relevante sobre duración de la prisión preventiva. La jurisprudencia 1a./J. 32/2022 (11a.) reconoció la posibilidad de revisar la prisión preventiva oficiosa al transcurrir el plazo constitucional de dos años, y determinar, conforme al caso, si debe cesar o prolongarse.
Esta revisión no debe confundirse con una liberación automática. Requiere audiencia, análisis de las causas de prolongación y marco constitucional y legal aplicable.
Defensa adecuada y acceso a registros
Para ejercer una defensa efectiva, la persona y su defensor necesitan conocer la imputación y acceder a la información en los momentos que la ley establece. Las restricciones de acceso deben analizarse bajo la Constitución y el CNPP. En casos complejos, ordenar la carpeta por actos, fuentes y cronología permite convertir ese acceso formal en una defensa sustantiva.
La calidad con la que la persona llega a la carpeta cambia lo que puede hacer. Esa diferencia está en citatorio como imputado, testigo o víctima.
Jurisprudencia relevante
La tesis aislada 1a. LVI/2017 (10a.), de la Primera Sala, registro digital 2014341, condiciona la llamada inmediatez procesal cuando la persona se retracta de una confesión ministerial y alega tortura. La Sala dijo que la presunción de inocencia y la defensa adecuada obligan a tomar en serio lo declarado ante el juez, y que preparar la defensa con el abogado no es un indicio de culpabilidad. El artículo 20, apartado B, hace de esos dos derechos una condición del proceso, no un favor del tribunal.
La jurisprudencia 1a./J. 94/2025 (11a.), registro digital 2030571, declara inconstitucional una regla del Código Penal de la Ciudad de México que tenía por conocido el origen ilícito de bienes con sólo acreditar el giro comercial o la posesión de dos o más objetos. La Primera Sala consideró que eso presume la responsabilidad y releva al Ministerio Público de probar el conocimiento. Ilustra la presunción de inocencia del artículo 20 como regla de prueba: la carga no se invierte por una presunción legal de ese tipo.
Preguntas frecuentes
¿La persona imputada tiene que declarar?
No. Tiene derecho a guardar silencio y ese derecho debe ser respetado.
¿La víctima puede aportar pruebas o datos?
Sí, dentro de los mecanismos y etapas previstos por la Constitución y el CNPP, normalmente con apoyo de su asesor jurídico.
¿Una entrevista de carpeta ya es prueba para condenar?
No necesariamente. El sistema distingue datos y medios de prueba de la prueba desahogada conforme a las reglas del juicio.
Si existe una audiencia próxima, conviene identificar qué derecho específico del artículo 20 está en juego y qué actuación procesal permite hacerlo efectivo.
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Germán Jalil Terríquez Córdova
Conocido como el “Licenciado Transparente”, fundó Justicia Transparente, convirtiéndola en una firma de referencia nacional por sus resultados y liderazgo. Autor de cuatro libros demostrando que en esta materia la experiencia y la estrategia marcan la diferencia.