¿Pueden imputarme defraudacion fiscal sin antes iniciar facultades de comprobación? Para poder responder esta pregunta primero es necesario saber a qué nos referimos con facultades de comprobación, es un principio que trata de facultades expresas para las autoridades, por lo que las autoridades fiscales requieren de un marco legal que les permita verificar que los contribuyentes hayan cumplido con las disposiciones fiscales, su objetivo es la comprobación de la comisión de delitos fiscales.
Las facultades de comprobación se encuentran establecidas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, y sirven para comprobar el cumplimiento de disposiciones fiscales y aduaneras, determinar contribuciones omitidas o créditos fiscales, comprobar la comisión de delitos fiscales y proporcionar información a otras autoridades fiscales.
¿Pueden imputarme defraudacion fiscal sin antes iniciar facultades de comprobación?
Ahora bien, respecto a si puede imputar a alguien por defraudacion fiscal sin antes iniciar facultades de comprobación, la respuesta es sí, ello en virtud de que en el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación no menciona la necesidad de que sean ejercidas previamente dichas facultades de comprobación, aunque, evidentemente la falta de esta resolución fiscal-administrativa dentro de un proceso penal dificultará al ministerio público la acreditación del tipo penal.
Si se puede imputar un delito, sin embargo, el derecho de defensa comienza a partir de que el ministerio público genera el primer acto de molestia dentro del proceso penal, como una citación, licitación de documentos, etcétera.
¿La Secretaria de Hacienda y Crédito Público por medio de la procuraduría fiscal de la federación puede presentar querella por defraudación fiscal sin antes haber llevado a cabo las facultades de comprobación?
Lamentablemente la respuesta es si, el Código Fiscal de la Federación establece que para proceder penalmente por defraudación fiscal la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe formular querella (artículo 92 fracción I), aun asi, no es correcto que lo haga sin antes haber realizado facultades de comprobación, por otro lado , la ruta idónea es que después de haber determinado un crédito fiscal y este no haya sido posible ser cobrado, dicha secretaría después de analizar los elementos con los que cuenta, podrá presentar querella ante la fiscalía de la federación.
¿Hasta que momento me voy a enterar si fui denunciado por un delito fiscal?
Posterior a la querella, dependera si el delito por el cual se esta siendo investigado, ya es posible que se este siendo investigado por defraudacion fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada, lo cual conforme a las nuevas disposiciones en materia penal fiscal pudiera suceder de esta manera, es por ello que si nos encontraramos dentro de este supuesto, la orden de aprehension sera probablemente el primer acto en el cual tendremos contacto con el proceso penal.
En casos contrarios, el citatorio a la fiscalia sera la forma habitual de tener conocimiento de que se esta siendo investigado por delito.
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Actualización 2026: novedades legales sobre este tema
La pregunta que respondimos en 2021, si Hacienda puede presentar querella por defraudación fiscal sin haber ejercido antes sus facultades de comprobación, tiene en 2026 un matiz nuevo. La respuesta general sigue siendo que la querella no está condicionada a que exista una auditoría previa concluida, pero la reforma fiscal vigente desde este año reforzó la independencia entre el procedimiento administrativo y el penal.
Recordemos el planteamiento. Las facultades de comprobación, revisiones de gabinete, visitas domiciliarias o revisiones electrónicas, son la vía ordinaria para que el SAT determine si un contribuyente omitió contribuciones. En la práctica, la mayoría de las querellas por defraudación fiscal derivan de una de estas revisiones, porque es ahí donde la autoridad cuantifica el perjuicio. Pero la Procuraduría Fiscal puede formular la querella con base en otros elementos, como información bancaria o de terceros, siempre que acredite el daño.
La reforma al Código Fiscal de la Federación publicada en noviembre de 2025 y aplicable desde el 1 de enero de 2026 dejó claro, para el delito de comprobantes fiscales falsos del artículo 113 Bis, que la investigación y persecución penal procede con independencia del estado en que se encuentre cualquier procedimiento administrativo ante el SAT. Aunque la regla se dirige a ese delito, refleja una tendencia: la vía penal ya no espera a que concluyan las revisiones.
Esto tiene consecuencias prácticas. Un contribuyente puede tener una auditoría abierta, un recurso de revocación en trámite o un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, al mismo tiempo, enfrentar una investigación penal. Coordinar ambas defensas es indispensable, porque lo que se declara en un procedimiento puede usarse en el otro.
La defraudación fiscal del artículo 108 no se encuentra por sí sola en el catálogo de prisión preventiva oficiosa, pero desde enero de 2025 sí lo están las actividades relacionadas con comprobantes falsos. Si la querella combina defraudación con el uso de facturas de empresas que simulan operaciones, el riesgo procesal aumenta considerablemente.
La reforma de 2026 también incorporó el artículo 115 Ter: entre tres y seis años de cárcel para quien, consciente de ello, presente documentación falsa o declare hechos falsos en procedimientos regulados por el Código. Durante una auditoría, entregar documentos alterados para justificar deducciones puede generar una acusación adicional.
Hay buenas noticias para quien actúa a tiempo. El pago de las contribuciones omitidas, recargos y sanciones, o su garantía, puede permitir que Hacienda otorgue el perdón o que el proceso se sobresea, conforme a las reglas del Código Fiscal. También pueden explorarse acuerdos conclusivos ante la Prodecon durante la auditoría, que ayudan a resolver diferencias antes de que escalen.
La reforma a la Ley de Amparo de octubre de 2025 condicionó la suspensión en materia fiscal a la garantía del interés fiscal, lo que hace más costoso frenar actos de cobro mientras se litiga.
Nuestra recomendación para 2026: atender el buzón tributario, responder requerimientos en plazo, documentar la materialidad de las operaciones y buscar asesoría penal en cuanto aparezca una revisión con montos relevantes, sin esperar a que exista una querella.
Con 15 años de experiencia, en Justicia Transparente acompañamos a contribuyentes investigados por Hacienda. Sin prometer desenlaces, exponemos los riesgos reales y coordinamos la estrategia fiscal y penal conforme a las reglas de 2026.
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Germán Jalil Terríquez Córdova
Conocido como el “Licenciado Transparente”, fundó Justicia Transparente, convirtiéndola en una firma de referencia nacional por sus resultados y liderazgo. Autor de cuatro libros demostrando que en esta materia la experiencia y la estrategia marcan la diferencia.